Posteado por: foresamb | abril 14, 2015

Perú: Palma aceitera amenaza devastar la Amazonía

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– Normas débiles y voracidad de grupos económicos ponen en riesgo 150 mil hectáreas de bosques tropicales.

Por Jorge Choque

Nuevas investigaciones demuestran cómo extensas áreas de bosques amazónicos -incluso primarios- son deforestadas de manera irregular para efectuar plantaciones de palma aceitera que se expanden aceleradamente sin que el Estado tenga la voluntad y capacidad de frenar este fenómeno.

Se trata de las investigaciones Deforestación por definición realizada por la Environmental Investigation Agency (EIA) y Hacia una ecología política de la palma aceitera de Oxfam en Perú.

Ambos estudios fueron presentados el martes 7 de abril con la participación de las dos instituciones y representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana (AIDESEP) y la Federación Regional Indígena Shawi de San Martín (FERISHAM).

Todos los participantes coincidieron en la necesidad de trabajar en una política multisectorial que incorpore criterios ambientales, sociales y geográficos para enfrentar la expansión de la palma aceitera.

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¡150 mil hectáreas de bosques primarios en riesgo!

Julia Urrunaga, directora de la Environmental Investigation Agency (EIA), advirtió que hay 150 mil hectáreas de bosques primarios de la Amazonía peruana que están en riesgo a causa de una ola de plantaciones agroindustriales de palma aceitera.

La amenaza se debe en gran parte a grandes inversionistas nacionales e internacionales como el Grupo Romero y el Grupo Melka que han empezado a realizar esta plantación de manera desmedida e irregular.

Una muestra de ello es que las 60 mil hectáreas de palma aceitera que existen se podrían triplicar debido a los 113 mil ha que hay en proyectos agroindustriales en trámite, especialmente en las regiones de Loreto, Ucayali y san Martín.

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Expansión amenazante

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Muchas de las áreas de bosque han sido adquiridas por estos y otros grupos de inversión bajo acciones de presión e incluso amenazas a los propietarios en la Amazonía peruana, apuntó Vladimir Pinto, coordinador del programa Territorios y Recursos Naturales de Oxfam en Perú.

En el resumen del informe Hacia una ecología política de la palma aceitera elaborado por Juan Luis Dammert en marzo de 2015 se puntualiza que el Perú no tiene una política clara y no está preparado institucionalmente para enfrentar la acelerada expansión de la palma aceitera.

Además de los vacíos en el marco legal que permiten desarrollar grandes plantaciones sobre bosques en pie “gobernar la expansión involucra  decisiones políticas antes que técnicas.”

Las razones escondidas

Según Urrunaga, hay una serie de factores críticos que facilitan y aumentan la aparición de grandes inversionistas y el mayor desarrollo de estas plantaciones en la Amazonía peruana, siendo uno el aumento de la demanda y el otro el precio del aceite de palma.

Otro de los factores es que el agotamiento hacia el 2022 de la tierra apta para la expansión de la palma aceitera en Malasia e Indonesia, que producen el 85 por ciento del aceite de palma en el mundo, ha redirigido la mirada hacia la Amazonía peruana.

Estos hechos se agregan a las condiciones geográficas de la Amazonía que son propicias para el desarrollo de este cultivo y a la promoción que desde el Gobierno se realiza pues, por ejemplo, éste viene anunciando que hay 1.4 millones de hectáreas favorables para su expansión.

“Sin embargo, el gobierno peruano aún no ha podido mostrar dónde se encuentra dicha tierra disponible que, tal como ha sido asegurado, no generará nueva deforestación”, dice el informe presentado.

Gobierno permite deforestación mediante “el cambio de uso”

El gran problema a consideración de Urrunaga es la existencia de una normatividad nacional poco clara y la falta de toma de decisiones para cumplir con sancionar a productores que incumplen con los procesos legales.

La EIA sostiene al respecto que las autoridades peruanas vienen aplicando una errónea interpretación de la definición de bosques que se encuentra en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763).

El gobierno argumenta que la tierra viene siendo clasificada de acuerdo con una definición técnica conocida como Capacidad de Uso Mayor de Tierras (CUM). Este concepto identifica si una zona es de mayor importancia para actividad agrícola o si su importancia reside en su forestación, pero privilegiando para esto los elementos agrícolas.

Urrunaga explica que la clasificación considera características de los suelos y el clima e ignora la presencia de los árboles en pie, por lo que una zona boscosa termina siendo considerada como un área de cultivo pese a ser un bosque o a tener miles de árboles.

Además, las empresas entregan un estudio elaborado por un equipo técnico contratado por ellas mismas en el que se define si la Capacidad de Uso Mayor de un bosque es agrícola o forestal.

De esa forma, la empresa que solicita el uso de un bosque para un proyecto agrícola recibe casi siempre la aprobación del Gobierno, pues éste no participa del estudio y no se preocupa por verificar su autenticidad. “Se le llama cambio de uso en vez de deforestación”, dice Urrunaga.

Así, el gobierno estimula la deforestación al aprobar proyectos agroindustriales sobre bosques e incluso sobre bosques primarios, dice la investigación, privilegiando una lógica productivista y no ambiental.

Por otro lado, Urrunaga dijo que la investigación observa que hay una debilidad por parte del Estado para implementar y adoptar sanciones, aun cuando muchas de esas sanciones están claramente identificadas por el sector público. “No hay la voluntad política para hacerlas cumplir”, concluyó.

Posición indígena amazónica

En la presentación Ely Tangoa, presidente de la Federación Regional Indígena Shawi de San Martín (FERISHAM), explicó los impactos y conflictos que vienen generando las plantaciones de palma aceitera en esta región.

Resaltó la amenaza no solo por la desaparición de árboles sino además por la desaparición de animales y plantas medicinales, que forman parte de la estrecha vinculación entre las comunidades con los bosques y la cosmovisión que tienen sobre su entorno natural.

También estuvo presente Sedequías Ancón, dirigente nacional de la AIDESEP, quien reafirmó la necesidad de que el Estado titule 20 millones de hectáreas de bosques.

“Cuando los pueblos indígenas cuentan con títulos de propiedad existe mayor garantía para cuidar la Amazonía”, afirmó.

Datos:

– El 70 por ciento del territorio peruano está cubierto por bosques, lo que equivale a casi 74 millones de hectáreas.

– El portal Ojo Público dice en un informe periodístico que según el Programa Nacional de Bosques del Ministerio del Ambiente, entre el 2003 y el 2013 el Perú perdió un millón 306,507 hectáreas de bosques amazónicos.

Fuente. Servindi

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