Posteado por: foresamb | marzo 24, 2015

Nueva ley forestal: la delicada apuesta por integrar a empresas y comunidades

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El reglamento de la ley forestal y de fauna silvestre puesto en consulta previa propone nuevos mecanismos para el aprovechamiento sostenible de bosques, tanto para los recursos maderables y no maderables, y apunta a promover la industria forestal en asociación con las poblaciones locales. Genera, además, grandes responsabilidades para el nivel de gobierno regional, en coordinación con otras entidades nacionales.

CONSULTADO

La publicación del reglamento se retrasó varios años por la implementación de la consulta previa. De hecho, inicialmente se esperaba que este reglamento fuera la prima medida del gobierno a ser consultada, a inicios del 2013. El retraso proviene no sólo de los desafíos que ha significado implementar la consultar previa, sino también de la complejidad propia de la norma, que a su vez consta de otros siete reglamentos específicos. En total son 378 artículos, de los cuales el 40% de su contenido (152 artículos) está vinculado a los derechos colectivos de las comunidades y, por ende, debe ser consultado, según las propias organizaciones indígenas que participaron en la consulta previa. De esos 152, ya se alcanzaron acuerdos plenos en 81% (123), acuerdos parciales en 13% (20) y persisten desacuerdos en 6% (9).

Iván Lanegra, adjunto de la Defensoría del Pueblo y ex viceministro de Interculturalidad, aseguró que éste es el momento del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) para tomar decisiones, pero se debe considerar que “no pueden modificar nada de lo consultado con los pueblos indígenas”. Erik Fischer, presidente del Comité de Maderas de la Asociación de Exportadores (ADEX), ha saludado el acta de acuerdo y considera que ha habido un “buen manejo político” que ha hecho madurar una norma de más de 15 años.

LAS NOVEDADES

“Hemos cumplido con los requisitos y es la hora de aprender lecciones”. Para Fischer éste es el momento que define el futuro del sector forestal. El especialista criticó la forma como se han dado las concesiones desde el gobierno del presidente Alejandro Toledo, época en la que se lanzaron tres procesos de concesión, bajo la Ley N° 27308, y que generó un “celo antitécnico” que debilitó al sector.

“Empezaron a decir ‘cómo vamos a hacer latifundios en la Amazonía’. Vamos a hacer unidades pequeñitas para que entren personas de las localidades y salgan de la pobreza”. Una premisa que fracasó debido a que el manejo forestal de los bosques tropicales, de grandes extensiones y diversas especies, requiere mucha inversión y capacidad técnica. “Y eso no dio. Entraron empresas que no estaban preparadas”, agregó.

Uno de los reglamentos de la ley propone lanzar concursos públicos (para uso de bosques con fines maderables) cada año, y contempla un “procedimiento abreviado” de concesión aplicable a tres tipos de unidades forestales: las que tienen plan de cierre, las que no han sido otorgadas en concurso público por segunda vez y las que cuentan con zonificación ecológica económica aprobada por parte de los gobiernos regionales.

Otra figura novedosa es el “manejo forestal comunitario”, que ha sido resaltada en varias ocasiones por Fabiola Muñoz, directora del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Éste busca aprovechar y conservar bosques mediante usos diversificados y bajo “modelos de negocios individuales o colectivos en asociación con empresas”.

En este punto, Fischer resalta que el Estado tenga un rol de “agente tutelar” entre las comunidades y las empresas interesadas en aprovechar recursos maderables como no maderables. Señala, además, que otro beneficio de la ley es un enfoque “ecosistémico”, lo cual permitirá que una concesión sea aprovechable en más de un tipo de aptitud de suelo, según sus condiciones particulares.

LOS RIESGOS

La responsabilidad de implementar la norma recaerá principalmente en los gobiernos regionales, mediante la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS) de cada región, así como en el Serfor. Dadas las dificultades de estos gobiernos para llevar adelante políticas públicas, existe un alto riesgo de que la norma no sea ejecutada de manera correcta. “El proyecto [de ley forestal] no puede avanzar sin un buen nivel de gobernanza, y eso está en los gobiernos regionales”, afirma Fischer.

La negra advierte que el modelo de incorporar progresivamente a los actores indígenas al negocio forestal sólo funcionará con muchos recursos y tiempo. “Si los recursos no están disponibles, se puede originar una sensación de que sigue siendo engorroso y complicado”, agrega.

Y los antecedentes de los gobiernos regionales no son precisamente los mejores. El proceso de formalización de la minería ilegal, a cargo de estas entidades, ha tenido avances mínimos. La falta de capacidades del personal, la descoordinación institucional y la corrupción han entorpecido el proceso.

Serfor, la entidad rectora del sector forestal en el Perú y dependiente del Ministerio de Agricultura, será responsable de fijar lineamientos para implementar la nueva ley forestal. Pero su desempeño no la deja muy bien parada en términos de gasto público: al 2014 ha ejecutado sólo el 31% de su presupuesto total (S/. 59.4 millones), una gran diferencia en comparación con el resto de las entidades adscritas al Minagri, que han logrado ejecutar más del 80% de sus pliegos.

Así, pese a superar el reto de conseguir la ‘licencia social’, la norma ahora deberá superar el reto de la burocracia peruana antes de ver la luz.

Fuente. SemanaEconomica.com

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