Posteado por: foresamb | diciembre 17, 2014

En plena COP 20 gobierno de Perú pretende debilitar aún más regulación ambiental

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El texto sustitutorio del Proyecto de Ley N° 3941/2014-PE, conocido como Cuarto Paquetazo Ambiental, presentado el 04 de diciembre por dos comisiones del Congreso pretende debilitar aun más la regulación ambiental del Perú.

El texto original del proyecto -presentado por el Ejecutivo el pasado 05 de noviembre-, proponía debilitar la institucionalidad ambiental al modificar el SEIA pero el texto sustitutorio presentado el jueves pasado agrava aún más esta situación.

Reduce de 90 a 45 días hábiles el plazo para que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) reglamente la Línea de Base Compartida y la Certificación Ambiental Integrada.

La asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) advirtió que se trata de un plazo “bastante limitado” debido a que el SENACE se encuentra en proceso de implementar y contratar personal especializado.

Además, los mecanismos de Línea de Base Compartida y Certificación Ambiental Integrada son procedimientos nuevos en el país, que si no se regulan adecuadamente afectarían aún más la calidad de los estudios ambientales para los proyectos de inversión.

Otro aspecto observado por DAR es que el texto sustitutorio reduce las funciones del SENACE establecidas en el Proyecto de Ley original, puesto que esta instancia ya no aprobaría las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y demás instrumentos de gestión ambiental complementarios de alcance nacional o multirregional.

Según la iniciativa el SENACE solo aprobaría los EIA detallados y semidetallados, impidiéndose así que una institución independiente de los sectores que promueven la inversión apruebe los estudios ambientales.

Como si fuera poco el texto sustitorio introduce mecanismos que terminan por favorecer a los titulares de los proyectos, mayormente empresas, poniendo en riesgo la salud y la protección ambiental.

Se indican situaciones que conducen a que no se de por terminado el proceso de Certificación Ambiental Integrada sino que el procedimiento se trasladaría a otras instancias como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA, y autoridades forestales competentes, entre otros.

Esto desnaturaliza la figura de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental, que busca ordenar los trámites para la aprobación de los estudios ambientales, permitiendo procesos paralelos y por separado.

Los casos que serían derivados a otras dependiencias son en caso que el informe técnico para obtener una autorización sea desfavorable; no se haya emitido dentro del plazo por el titular de la entidad; o que no hayan sido levantadas las observaciones dentro del plazo correspondiente por el titular del proyecto.

La asociación DAR exhorta a los congresistas a discutir seriamente el Proyecto de Ley N° 3941/2014-PE; y que se solicite al Poder Ejecutivo una propuesta de reforma estructural y de fortalecimiento de la institucionalidad ambiental que asegure la salud y protección ambiental adecuadas.

Las reformas deben empezar por derogar la Ley N° 30230, aprobada en julio pasado, tal como lo vienen demandando diversos sectores sociales.

El texto sustitutorio fue presentado por la Comisión de Economía, Banca y Finanzas e Inteligencia Financiera, y la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República.

Fuente: Servindi

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