Posteado por: foresamb | diciembre 30, 2013

Balance 2013: Iniciando la lucha contra los delitos ambientales

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Las acciones contra los delitos ambientales en el 2013 fueron enfrentadas desde varios frentes. De un lado, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial puso en funcionamiento dos Juzgados de la Investigación Preparatoria especializados en delitos ambientales en los distritos judiciales de Piura y Cusco, para lo cual, se tomaron en cuenta las zonas con mayor actividad de minería ilegal.

La implementación de estos juzgados también les otorga carácter supranacional con sedes en las ciudades de Piura (que tendrá competencia territorial en los distritos judiciales de Tumbes, Piura, Sullana, Lambayeque y Cajamarca); y Cusco, en los distritos judiciales de Madre de Dios, Cusco y Puno.

De otro lado, la  (Minam) solicitó a la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Ucayali incluir a los ciudadanos chinos Lin Zhu y Yu Huihua en la investigación que se le sigue a su compatriota, Yanguang Yi, quien viene siendo procesado por tráfico Ilegal de insumos químicos y maquinarias destinadas a la minería ilegal, a través de la empresa Shuan Ghesheng Group SAC.

Se presume que Lin Zhu, en su calidad de socio de la empresa antes mencionada, vendría realizando actividades de minería ilegal, utilizando la maquinaria pesada de propiedad de la empresa. Mientras que Yu Huihua se encargaría de supervisar las actividades mineras ilícitas que se realizan en la zona.

RETROCESO EN EL CONGRESO
Sin embargo, la tarea de la lucha contra la minería ilegal tiene sus bemoles. El martes 20 de agosto se publicó la Ley Contra el Crimen Organizado, la misma que señala en concreto las reglas y procedimientos relacionados a la sanción y delitos cometidos por organizaciones criminales, dentro de este proceso fue curioso –inicialmente- el seguimiento que tuvo y la posible incidencia de grupos de mineros en el interior del Congreso de la República.

Inicialmente se fusionaron diversos proyectos que proponían la Ley sobre Criminalidad Organizada, y fruto de estos proyectos se logró un dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y en su artículo N° 5 señalaba dentro de los delitos comprendidos en su numeral 16.- Delitos de minería ilegal, tipificados en los artículos 307-A, 307-B, 307-C y 307-E del Código Penal. Y en su numeral 17.- Delitos ambientales, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 310-A, 310-B y 310-C del Código Penal.

A pesar de esta disposición, en el proceso de debate en el Pleno del Congreso, se optó por la exclusión de este artículo que mantenía a la minería ilegal como delitos de crimen organizado.

“Justificaciones técnicas, no existen, sí empezamos analizando que los delitos de minería ilegal están incluidos dentro de los Delitos Ambientales en el Capítulo de Delitos de Contaminación, en el Título XIII y son los que tienen la penas y efectos más graves dentro del mismo. Entonces ¿Con qué criterio dejó unos delitos y excluyó otros? ¿Un delito de graves impactos sociales y ambientales y de capitales considerables, por qué queda fuera?”, se preguntó oportunamente Cesar Ipenza, abogado de la SPDA.

DENUNCIAS
La Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) interpuso una denuncia penal contra la empresa Pluspetrol en la Fiscalía Ambiental de Nauta, por el delito de contaminación y alteración del ambiente en la Reserva Nacional Pacaya Samiria.

Desde el año 2000, Pluspetrol realiza operaciones en el lote 8X, ubicado aproximadamente a 17 kilómetros del río Marañón, frente al centro poblado San José de Saramuro, en territorio ancestral kukama y al interior de la famosa reserva nacional.

Sin embargo, según informa ACODECOSPAT, la primera citación realizada por el fiscal ambiental de Nauta se vio frustrada por la inasistencia de los representantes de la Autoridad Local del Agua (ALA), de la Dirección General de Salud (DIGESA) y del Organismo de Evaluación y Fiscalización del Ambiente (OEFA), hecho que fue criticado por el presidente de ACODECOSPAT, Alfonso López.

“Esto es una colusión entre la empresa petrolera y las instituciones para dejar en total impunidad el desastre ambiental y social en la zona. Creemos que estos son verdaderos crímenes ambientales. Exigimos a las instituciones correspondientes que se presenten ante el fiscal a asumir sus responsabilidades”, dijo el apu.

De otro lado, se supo que las fiscalías en materia ambiental investigan actualmente alrededor de 400 denuncias a nivel nacional, relacionadas a actividades mineras ilegales.

Así lo reveló el fiscal superior Antonio Fernández Jerí, coordinador nacional de dichas fiscalías, en el II Congreso Nacional de Fiscales Ambientales.

El fiscal Fernández Jerí, durante su exposición, dio una visión de cómo se encuentra nuestro país con respecto a este tema y cuáles son las alternativas a tomar para erradicar dicho mal.

Abordó aspectos como el tráfico ilícito de residuos peligrosos y el tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinados a la minería ilegal, delitos que son sancionados, según el Código Penal, con pena privativa de la libertad de no menor de cuatro años ni mayor de seis años.

Publicado en InfoRegión

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